La Unión Estatal de Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC) expresa su indignación por el tardío pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la Inconstitucionalidad de la Ley de Divorcio de 2005. Por este motivo, ha solicitado al CGPJ que revise todas las disoluciones matrimoniales en las que hubo hijos menores desde el año 2005 hasta este momento. Que el máximo órgano de control legislativo necesite MÁS DE SIETE AÑOS en pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que ha provocado la orfandad prematura de 1.400.000 niños, es la mayor aberración jurídica que se puede presentar en un Estado de Derecho. Siete años es TODA LA VIDA de un niño que ha tenido que crecer sin la presencia cotidiana de uno de sus referentes esenciales para su formación personal y su desarrollo integral.
Igualmente, UEFACC ha dirigido hoy mismo una carta urgente al Presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, para que, en nombre de la Cámara Baja, pida disculpas a la ciudadanía por la gravísima negligencia del órgano legislador, que ha segado las relaciones paterno-filiales de la gran mayoría de los niños afectados por el divorcio de sus padres. Incluso los divorcios resueltos de mutuo acuerdo enmascaran una contenciosidad crónica, al partir de un marco de desigualdad jurídica entre las partes, que la Fiscalía, amordazada durante siete años por un gobierno socialista ideólogo de las trasnochadas políticas de género, se ha encargado de apuntalar en la práctica jurídica española.
En sendos escritos, UEFACC ha transmitido a los presidentes del CGPJ y del Congreso de los Diputados, la necesidad de crear mecanismos que supervisen la acción del legislador, a través de un órgano adscrito al TC que otorgue su visto bueno a las leyes ante de ser aprobadas en la Cámara. A la vista de los resultados, parece evidente que cualquiera no puede dedicarse a legislar, y por consiguiente, UEFACC ha propuesto también que los diputados que concurran a unas elecciones reúnan unos requisitos de formación en Derecho con carácter previo a su incorporación a las listas electorales, de manera que no legislen anteponiendo su ideología a costa de los principios básicos que deben vertebrar un Estado de Derecho.
Por otra parte, es fundamental que los poderes públicos realicen un ejercicio responsable y honesto de memoria histórica, reconociendo el daño causado en el seno de las familias españolas, especialmente en la población infantil. A pesar de que la razón que ahora nos reconoce el TC es irreparable para los niños que han sufrido un divorcio de sus padres, los errores deben servir para empezar a construir un nuevo modelo de familia fundamentado en la armonía y la verdadera protección del menor, que sustente una sociedad sin fisuras. Un estado que no protege a su infancia está condenado al más absoluto caos integral desde el punto de vista social.
A las puertas de que concluya el plazo anunciado por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para presentar una nueva legislación sobre divorcio que garantice la custodia compartida como un derecho fundamental de los hijos a continuar compartiendo sus vidas con sus dos padres, UEFACC espera que en adelante la pérdida de la custodia de un hijo para alguno de los progenitores deba estar sustentada en una constatación fehaciente y objetiva de que la convivencia del hijo con dicho progenitor resulte perjudicial para su desarrollo. Para ello es necesario que la acción legisladora se desmarque definitivamente de las presiones de los lobbys feministas radicales, rancios y trasnochados, y se centre en promover la felicidad de nuestra infancia, que pasa inexorablemente por conservar la pluralidad de sus referentes parentales.
No hay motivo para que las familias españolas continúen soportando un solo día más el drama del divorcio, que constituye una demoledora máquina de destrucción de ciudadanos. Cuatrocientos ayuntamientos españoles, que representan a diez millones de ciudadanos, se han pronunciado ya a favor de contemplar la custodia compartida como un derecho esencial de los hijos.
