La Fiscalía General del Estado Español ha admitido a trámite la denuncia criminal formulada por la Asociación Catalana de Abuelos y Abuelas por la Custodia Compartida (Asacco), que se ha dirigido contra el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero y su gobierno entre los años 2004 al 2008, por la promoción, implantación y aprobación de la ley integral de violencia contra las mujeres. Asacco considera que dicha ley y la ideología que la sustentaconstituyen unos presuntos delitos de genocidio, lesa humanidad y de tratos inhumanos y degradantes (malos tratos a la ciudadanía) recogidos en los tratados internacionales y en el propio código penal español.
Dicha denuncia ha sido formulada también ante el Tribunal Supremo Español, estando Asacco a la espera de que por dicho tribunal se proceda a abrir una investigación.
Es el paso previo para que dicha denuncia sea dirigida ante la Corte Penal Internacional, a fin de que por ésta se proceda a nombrar un tribunal especial para perseguir dichos crímenescometidos bajo el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero y su gobierno, contra más de 1.000.000 de ciudadanos varones (perseguidos por ser hombres) tantos españoles como extranjeros, en nuestro país.
La denuncia persigue una actuación política que incita al odio al sexo masculino
La denuncia persigue una actuación política que incita al odio al sexo masculino, realización de tratos degradantes e inhumanos y la implantación de tribunales de excepción prohibidos por la Constitución y Tratados Internacionales.
Se recuerda en la denuncia formulada que el Tribunal de Nüremberg consideró a los organismos creados para la aplicación de estas leyes y a los jueces colaboradores de la implantación de dicha ley e ideología, como culpables y colaboradores necesarios en el holocausto.
Asacco ha recibido el apoyo de más de 50 organizaciones de defensa de los derechos humanos en todo el territorio nacional, las cuales están debatiendo sobre la posibilidad de unirse a esta iniciativa. Por último, Asacco apoya la iniciativa que se está llevando a cabo ante tribunales de Portugal, Francia y Reino Unido por ciudadanos europeos perseguidos por ser hombres en España.