O caso Alexandra

Alexandra es una niña portuguesa de 7 años de edad residente en España que se queja de violencia doméstica y de malos tratos desde el año 2007.

Frente a diversos profesionales (psicóloga, profesora, cuidadoras) y diversos testigos la niña se ha quejado de dejadez grave en el trato, por parte de su madre y de su actual compañero. (ver página de pruebas y testigos).

Durante dos años y medio, el padre ha intentado que la justicia española investigue las quejas de Alexandra y la dé protección.

Durante dos años y medio el Estado español no tomó ninguna medida para investigar las quejas de Alexandra o para garantizar la protección de la niña. El Estado español, de hecho, prohibió todas las visitas a la menor por parte de sus familiares. Nunca se le permitió a la familia del padre declarar en el tribunal y todos sus testigos y todas las diligencias de pruebas fueron recusadas o ignoradas.

Por otro lado, la justicia española ha aceptado, sin pruebas, una falsa denuncia por parte de la madre contra el padre, por ser hombre – por un hecho que, en caso de ser mujer,  no es un delito: coacciones leves para que la madre firmara un convenio regulador de custodia que le habría sido enviado por correo electrónico.

La madre nunca presentó tal correo electrónico, (ni nunca lo podrá presentar, pues nunca fue enviado) y la versión presentada en la policía y en el tribunal son absolutamente contradictorias.

Pero la justicia española NUNCA ha consentido oír al padre, se negó a aceptar TODOS los testigos para la defensa presentados por el padre y se negaron TODAS las diligencias de prueba para demostrar su inocencia. La justicia española quiere condenar a un inocente prohibiéndole que se defienda.

Esto pasa porque el gobierno español, por razones puramente políticas y electoralistas, para complacer a los movimientos ultra feministas, ha creado tribunales especiales sólo para defender a las mujeres, que dejan a los niños indefensos cuando son maltratados por sus madres.

Al mismo tiempo, ha creado leyes penales para perseguir a los hombres heterosexuales, sólo porque son hombres, y en las que, si fueran mujeres, no serían perseguidos. Como los nazis hicieron a los judíos o el apartheid hizo con los negros.

El padre, por ser hombre, queda sin medios para proteger a sus hijos y el Estado tampoco los defiende, como sería su obligación.