Barcelona-Cuando María Sanahuja habla sobre malos tratos es imposible que no surjan reacciones críticas desde varios sectores, especialmente desde los más feministas. Ella se defiende diciendo que lo hace para explicar los problemas que tienen los jueces a los que representa a la hora de deliberar sobre estos asuntos. Es tajante y se mantiene en que la Ley de Violencia sobre la Mujer es un fracaso. Hace dos semanas participó en la presentación de un libro -«El varón castrado», de José Díaz Herrera (Planeta)-, volvió a plantear sus tesis, y ha vuelto a ser criticada.
¿Por qué cree que sus palabras han vuelto a sentar mal?
Una vez más, yo no podía imaginar la trascendencia de mis palabras durante la presentación de un libro a la que asistieron unas
diez personas. En este libro se ejemplifican con un montón de supuestos concretos lo que está sucediendo con la aplicación de la Ley de Violencia sobre la Mujer, con casos de compañeros de la talla del titular del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid, Ramón Sáez, o de
la compañera del juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza Cisneros, que son dos de los compañeros que han interpuesto varias de las cuestiones de inconstitucionalidad que están pendientes contra esta ley.
¿Cuántos recursos se han presentado?
Creo que ya son más de cien. La verdad es que son muchísimos, y espero que el Tribunal Constitucional responda. El libro recoge miles de casos, y ya no tengo ninguna duda no sólo de lo que transmiten los compañeros del día a día, sino de lo que se deriva de la falta de información que da el Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial.
¿En qué sentido?
Si cada año se interponen más de 140.000 denuncias por malos tratos, y nos dan datos de lo que ha ocurrido finalmente con 8.000 o 10.000 casos, ¿qué ocurre con el resto de miles? No nos dicen qué pasa con el resto. La presidenta del Observatorio dijo, al cumplirse un año del funcionamiento de los Juzgados de Violencia Doméstica, que el 59 por ciento de los casos son archivados o sobreseídos.
¿Y qué sucede entonces?
Como cada vez que se produce la denuncia se da la detención inmediata del individuo, supone que son miles de individuos detenidos al año en este país por supuestos malos tratos a sus parejas, en casos que luego acaban en nada. No creo que proceder a la detención inmediata sea razonable sin realizar investigaciones mínimas, porque supone pasar dos noches en el calabozo, y eso causa traumas.
¿Y cómo afecta esto a los jueces?
Actuando de esta manera indiscriminada, sin una investigación - que es el factor clave-, los jueces no somos capaces de detectar los casos graves de violencia, y se nos siguen muriendo el mismo número de mujeres o más, que supone el despliegue de una gran cantidad ingente de medios que no llegan para ofertar ayuda a los casos más necesarios. El autor del libro también achaca todos los problemas de esta ley al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la Ley de Violencia sólo acentúa una línea iniciada y ya perversa por sobre todo el último gobierno del Partido Popular, que modificó el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2003, que fue el que inició toda esta dinámica. Mi primera rueda de prensa sobre este tema fue en 2004, y la ley de violencia ni siquiera estaba en el Parlamento. Y ya se vio que no se estaba yendo por el buen camino.
¿Cuál es su queja?
No se puede actuar impunemente contra el hombre por el simple hecho de ser hombre, por lo que se debe denunciar la vulneración de los derechos fundamentales que se está realizando en nuestro país. Sobre todo porque no se está consiguiendo el fin de la ley, ya que no se está ayudando a las mujeres que sufren los casos graves de maltrato. A mí me emociona cuando voy al colegio a buscar a mis hijas y muchas abuelas me dicen que no ven a sus nietos porque con la aplicación de un derecho de un modo abusivo se les está negando no a muchos padres, sino también a muchos abuelos, el volver a ver a sus nietos.
Hablemos de cifras.
Si el Observatorio dice que en un año hay 8.495 sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, de las que un 39 por ciento
fueron absolutorias, que son 3.273, significa que hubo unas 5.200 condenas. Alguna más habrá en conformidades en los Juzgados de
Violencia, pero quiere decir que de las 140.000 denuncias que hay al año, el porcentaje de condenas puede ser ¿10.000? ¿O 20.000? ¿Y qué pasa con las 120.000 restantes, resultantes de todos aquellos a los que hemos detenido? El autor del libro habla de un compañero, del Juzgado de lo Penal número 12 de Valencia, José Luis Ruido de la Torre, que le dijo que «la Policía actúa con dureza hacia el maltratador», que «se detiene a los varones de forma masiva» y que «estamos previniendo», así que está admitiendo que estamos deteniendo por miles para encontrar a unos pocos maltratadores con los que no damos nunca.
- El Observatorio del CGPJ dice que sus declaraciones son «ofensivas».
- Somos pocas las personas que manifestamos públicamente lo que pensamos. Sí es cierto que mis palabras tienen más repercusión
mediática que lo que dicen mis compañeros en voz baja en los pasillos. Yo creo que molestan mis palabras porque las personas que defendieron ardientemente un proyecto de ley y una ley como ésta, y que comprueban al cabo de un año -ya se ha evidenciado- que no ha sido un buen camino, todos aquellos que no esperaron a ver qué pasaba con las reformas legislativas realizadas por el Gobierno del PP para ver cómo funcionaban, los que nos lanzaron a todos a votar unánimemente una ley, pues reconocer su fracaso les debe costar bastante. Pero la realidad es tozuda, los números son tozudos, y creo que han optado por hacer juegos de cifras en lugar de explicarlas con claridad.
¿Los jueces a los que usted representa la apoyan en su postura?
Con mis compañeros no he tenido ningún problema, al contrario. Después de mi primera rueda de prensa recibí aplausos de los compañeros de la Junta de Instrucción de Barcelona, y lo único que hice fue decir en voz alta algo que los demás decían en voz baja. Es cierto que decirlo en voz alta supone recibir un aluvión de críticas, pero yo creo que ya se ha abierto una pequeña brecha para que muchos digan lo que está pasando. Yo siempre digo que cualquier persona vaya a los juzgados de lo Penal, que son públicos, para que se vea lo que estoy diciendo, qué ocurre cada día y que no me lo estoy inventando, como que por supuestos muy leves se están pidiendo penas muy altas. Por un «vete a la mierda» de un marido a su esposa, se están pidiendo nueve meses de cárcel. Por un «te vas a enterar» durante un proceso de ruptura, o por un empujoncito que no causa lesión se están pidiendo también penas altísimas.
Ahora los médicos han anunciado que incluirán la sospecha de maltrato en el historial de las pacientes.
- Ellos evidencian por un montón de síntomas situaciones reales de violencia física y psíquica. Si los médicos decían que les cuesta ver las situaciones graves, y eso que ven a sus pacientes mes tras mes y año tras año, los jueces, en unos minutos, no podemos ver la gravedad. Y luego están las personas que están en una situación más débil, las que realmente necesitan un colchón psicológico y, en algunos casos, económico. Se tiene que replantear qué es maltrato en el Código Penal. Maltrato es cuando yo insulto, cuando pego a alguien, o cuando empujo a alguien y, si no quiero tolerarlo, el Código Penal debe reaccionar con una pena proporcional a la gravedad del hecho: si el hecho es leve, tiene que ser leve. Y ahora llega un momento en que el Código Penal sanciona la mala educación con penas muy graves. Y esto es inaceptable. Ahora bien, evidentemente, los hechos graves deben castigarse con penas
graves, por supuesto. Pero no puede ser que al maltratador lo encerremos para siempre, y menos aún por un hecho leve.
¿Qué necesitan los jueces?
Se está empleando una cantidad ingente de dinero pero de una manera desorganizada. Pedimos que alguien se encargue. En la ley
debería haberse fijado una figura para organizar los distintos departamentos de la Administración -con Sanidad, Educación, Justicia, Interior y con Bienestar Social- para que no se repitan Oficinas de Atención a la Víctima que están informando de una manera desorganizada y distinta unas de otras. Se están repitiendo unas ayudas y no se están garantizando otras. Hay que ordenar esta situación. El resultado es que tenemos a varias administraciones haciendo lo mismo, pero como no se coordinan y como no se han fijado los criterios de actuación, se ayuda mal a las víctimas. Y además se deben ofertar los servicios que hacen falta. Por ejemplo, se han puesto casas de acogida donde no hay nadie, y luego faltan plazas en los lugares donde se necesitan. Y son una buena idea, a la espera de que se haga una investigación inicial.
Entonces, sugiere usted que debido a la presión mediática sobre este asunto se están realizando detenciones sin pruebas.
Sí, porque la Policía tiene pánico a que una mujer presente una denuncia, que no se proceda a la detención inmediata y luego pase algo, porque entonces van a hacer a la Policía responsable de esta situación. Por eso lo que hace es, por prevención, detener a casi todo el mundo, a menos que vean una situación realmente escandalosa en la que no sea necesario, pero esos son pocos casos.
Y entonces empieza el colapso judicial.
Así es, ya que luego nos los traen a los juzgados de guardia o de violencia doméstica. Y el juez, que tiene en una mañana infinidad de casos -e invito a cualquier persona a que lo vea- tiene que ver en minutos, y con las simples declaraciones de uno y otro, qué resuelve. Lo más sencillo, en prevención, es dictar una orden de alejamiento, es decir, expulsar a uno de los cónyuges de la casa, que siempre es el señor, claro. Normalmente, en los juzgados tampoco se realiza una gran tarea de investigación, porque principalmente ésta es una labor de la Policía. ¿Y qué hacemos? Si devolvemos a la Policía tal cantidad de órdenes, son incapaces de proteger a nadie. Por eso necesitamos datos suficientes para saber qué casos son los realmente graves. Y la saturación es importante. De cuatro asuntos civiles se resolvió sólo uno. Son unos juzgados con una congestión mayor que la sala primera del Tribunal Supremo.
¿Qué pide usted para solucionar estos problemas?
Es imprescindible la modificación inmediata del Código Penal para tipificar hechos graves con penas graves, definir qué es maltrato. Eso es un clamor. Se ha hecho un Derecho Penal de autor, en el que se castiga a un hombre por el simple hecho de ser hombre, y esta fórmula ya ha sido desterrado de todos los países del mundo. Y es que una denuncia sin protección aumenta el peligro para la víctima, porque la devolvemos a su casa con un papelito. Y los policías se quejan porque tienen hasta cuatro órdenes de protección. La mujer va a un juzgado, ve que no se resuelve su problema; se va a su pueblo, y vuelve a hacer lo mismo, lo que evidencia una verdadera ineficacia porque las personas no se sienten protegidas.
Resulta paradójico que las feministas la critiquen.
El Código Penal de 2003 resultó absolutamente ofensivo para la mujer. Imagine que una pareja va por la calle, discute y se empujan. No denuncian, pero hay un tercero, ya sea un ciudadano o un policía local, que va y denuncia. Se produce la detención, puede haber condena con el testimonio de esa persona que ha presenciado esa situación de maltrato leve, y se obliga a la pareja a estar alejada. En algún caso incluso se les prohíbe que se casen, porque como existe una orden de alejamiento, el empleado del Registro Civil no puede autorizarlo.
Una feminista que persigue la igualdad Aunque muchas mujeres no lo crean, porque ha sido acusada de defender a los maltratadores, María Sanahuja, miembro de Jueces para la Democracia, es una feminista de los pies a la cabeza que busca la auténtica igualdad de género. Hace declaraciones lapidarias: «Las mujeres primero hemos dependido del padre, luego del marido, y ahora el Estado es quien elige quién debe ser nuestro novio». Sostiene, continuando esta misma argumentación, que «si creen que las mujeres somos tan minusválidas mentales, pues entonces también lo seremos para elegir al presidente del Gobierno». Su despacho, en una quinta planta junto a los juzgados de Barcelona, cumple la paradoja de ser un lugar aparentemente caótico pero en un segundo vistazo, perfectamente ordenado, con montones de pilas de papeles esparcidos sobre las mesas de trabajo y de reunión. Esta entrevista, que duró apenas media hora, fue interrumpida en seis ocasiones por llamadas telefónicas. Algunas eran de apoyo. Otras, peticiones de entrevistas y de artículos de opinión. Insiste en que sólo dice lo que los jueces le cuentan. La única diferencia es que ella, porque es también su obligación, lo dice en voz alta.
