BARCELONA.- «No hay delito que lleve a la detención masiva de miles de hombres, sin apenas indicios», denuncia la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, pero la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género lleva a hacer real esta situación, «propia de regímenes totalitarios», advierte la decana. Fue ése el pensamiento de Sanahuja cuando concluyó, ayer, que «la Justicia española aún ha de hacer la transición democrática».

Sanahuja denunció esta norma desde una óptica que supone una pirueta novedosa, la que reivindica la indefensión de los hombres, víctimas de una ley que los discrimina y que «causa una vulneración de derechos fundamentales en nuestro país que repugna». El contexto en el que la decana hizo estas manifestaciones fue la presentación del libro El varón castrado, que, según su autor, José Díaz Herrera, pretende desvelar las verdades y mentiras de la violencia doméstica en España.

Sanahuja lamentó que el problema de la violencia, con toda la gravedad que comporta, «se ha llevado a un punto de locura» que ha generado un uso «abusivo» de la ley, la destrucción de la prueba del proceso y la ausencia de presunción de inocencia. La juez decana de Barcelona forma parte del movimiento denominado El otro feminismo, que rechaza la discriminación positiva que recoge la controvertida ley porque podría vulnerar varios derechos, como el de igualdad, el de legalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad o a la tutela judicial efectiva. Y, yendo de lo general a lo particular, Sanahuja apuntó que «una condena injusta genera una violencia tremenda, una espiral en que la víctima entra en un proceso de autodestrucción», pierde el control de sus actos, redobla laviolencia e incluso acaba recurriendo al suicidio.

Entonando el mea culpa como copartícipe de las consecuencias que acarrea esta polémica Ley contra la Violencia de Género -«Todos somos responsables»-, Sanahuja señaló que «hemos causado un gran dolor a un montón de hombres». La juez advierte que la responsabilidad del desaguisado que provoca la ley se remonta al Ejecutivo del Partido Popular y a la reforma del Código Penal de 1993, pero que el cambio de gobierno no sólo no enmendó este error, sino que lo perpetuó en distintas revisiones del tipo delictivo que tuvieron como colofón la actual Ley Integral. «El PSOE ha compendiado lo que hizo el PP», señala Sanahuja, y lo ha hecho con el apoyo unánime del Congreso. Y es que, razona la juez, «castigar más al hombre no tiene ningún sentido» y es totalmente desproporcionado haber llegado al extremo actual, que ha llevado la «mala educación al Código Penal». De hecho, la decana espera que la futura reforma del Código Penal coja el toro por los cuernos y devuelva la problemática «a su justo término». «Si incluimos las faltas de educación en el Código Penal, no dejaremos a nadie fuera de la cárcel, porque todos habremos sido maltratadores alguna vez», advirtió. Sanahuja lamentó, igualmente, que la parte realmente positiva de la ley, la que prevé recursos asistenciales, no se haya desplegado.