BARCELONA. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), reunida anteayer, reclamó la creación de 26 juzgados comarcales especializados en violencia sobre la mujer (VIDO) en Cataluña como «posible solución» a la «situación difícil» que viven estos juzgados actualmente, ya que sólo existen VIDO con competencias exclusivas en Barcelona -tres- y próximamente en L´Hospitalet de Llobregat.

Por contra la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, en un voto particular, propuso que se supriman todos los juzgados de violencia sobre la mujer y se modifique el Código Penal. Según informó ayer el TSJC, su sala de gobierno, presidida por la magistrada María Eugenia Alegret, aprobó el pasado martes un amplio estudio que revela la «difícil situación» de los juzgados ordinarios por los casos de violencia contra la mujer.

Se trata de la primera sala de gobierno de un tribunal superior que plantea en España la creación de juzgados comarcales especializados como solución al colapso que sufren los juzgados que tienen que compaginar la justicia ordinaria con la específica de violencia contra las mujeres.

El acuerdo, que ha sido trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Generalitat, ha contado con el voto particular y discrepante de la jueza decana de Barcelona, María Sanahuja.

En el redactado de su voto, la jueza felicita a la sala de gobierno «por el esfuerzo realizado para hallar soluciones que racionalicen el funcionamiento de los juzgados de Cataluña» pero piensa que «lo que debería solicitarse es una reforma legislativa que modificara el Código Penal, así como la supresión de los juzgados de violencia sobre la mujer, por las razones expuestas en la propia ponencia». En declaraciones a ABC, Sanahuja , detalló que está en contra del agravamiento de penas y la ampliación de tipos por delitos de violencia de género que se contemplan en el Código Penal vigente.

«Hemos creado un problema» La juez decana de Barcelona, que protagoniza así un nuevo enfrentamiento con la presidenta del TSJC, ha expresado en público en varias ocasiones su rechazo a la Ley de Violencia de Género que propició la creación de los juzgados VIDO. «El resultado ha sido un desastre. Llevamos un año y medio con esta Ley, y no ha descendido el número de mujeres muertas. Por contra, están deteniendo a mucha gente dudosa. Para arreglar un problema, hemos creado uno nuevo», espetó. «Estamos inundando los juzgados con miles de pequeñas cosas, como un «vete a la mierda»», que son castigados con meses de prisión», añadió Sanahuja.

Por otra parte, la ponencia del TSJC recuerda que actualmente en Cataluña sólo funcionan como exclusivos los juzgados de violencia sobre la mujer de Barcelona «y la única previsión existente de crear alguno exclusivo se refiere a L´Hospitalet».

En el resto de partidos judiciales las competencias las asumen los juzgados de instrucción lo que, según el informe, «implica que dichos juzgados deben compatibilizar sus agendas de señalamientos ordinarios con la presentación imprevisible de detenidos por asuntos de violencia doméstica y órdenes de protección de lunes a viernes en horas de audiencia».

Muchas carencias Esto, según el informe, «se traduce en un sistema de trabajo imposible de prefijar y organizar» y «una situación de «guardia permanente» por parte de estos juzgados».

Todos estos problemas «impiden que los ciudadanos obtengan una resolución rápida a sus asuntos, lo que es incompatible con una administración de justicia eficaz y moderna».

«Asimismo la tramitación y resolución de las causas de violencia de género tampoco resulta ágil, pues no se ha dotado a tales juzgados de los recursos humanos y materiales indispensables para su correcto funcionamiento», agrega el informe.

Las carencias de fiscales, forenses, intérpretes o gabinetes psicológicos también provoca que la tramitación de las causas «es lenta, con muchos tiempos de espera, lo que impide prestar una atención inmediata, ágil y eficaz a la víctima de la violencia doméstica, como exige la Ley».

Pese a que se ha intentado aprobar exenciones de reparto de causas atendiendo a las circunstancias especiales de cada juzgado, ello no ha aliviado las sobrecargas de trabajo.

Tampoco ha funcionado, dice el informe, el intento de fijar franjas horarias de presentación de detenidos y de actuaciones de violencia sobre la mujer.